Trabajadores de Informática de Junaeb son separados del área por expresar desacuerdo con decisiones de la dirección
Andrés Reyes, Rodrigo Matus y Bárbara Gálvez fueron separados de la Unidad de Desarrollo, Sistemas y Soporte. Esta determinación la tomó la dirección de Junaeb luego que nuestros compañeros hicieran ver actos de negligencia, así como la nula participación en la cotización y adquisición de sistemas informáticos, softwares y tecnologías de información en general.
“Solicitamos una reunión hace más de un año con el director, para informar que los procesos informáticos iban mal, que no se puede externalizar los procesos que son propios de Junaeb que era un riesgo latente. Hoy todas las compras de desarrollo se encuentran sin avances y algunos proveedores han abandonado los proyectos, si nos movilizamos es porque necesitábamos ayuda para tomar medidas que permitieran minimizar el impacto en los beneficiarios. Realizamos un petitorio por un trato digno bajo el marco de respeto y fuimos castigados, sin importar el gesto noble de alertar”,
Afaeb está asesorando y apoyando a los trabajadores involucrados y luego de conocer los detalles de la situación condenó enérgicamente el actuar de la Dirección de Junaeb: “Creemos que es una nueva manifestación del estilo autoritario y anti trabajadores de la administración de Jaime Tohá, quien claramente está malusando las herramientas administrativas para amedrentar y coartar la acción funcionaria. No aceptaremos estas malas prácticas, por eso iniciaremos acciones judiciales para que se restablezcan en sus funciones a los compañeros removidos, pues no obedece a motivos técnicos, sino meramente revanchistas”, advirtió Carolina Pizarro, presidenta de AFAEB.
Esta no es una situación aislada, se trata de una política institucional de maltrato y abandono para posteriormente justificar nuevas externalizaciones. Actualmente, la Dirección Nacional de Junaeb enfrenta más de 10 presentaciones realizadas en la Contraloría General de la República entre los años 2020 y 2021 por maltrato y acoso laboral, conflictos de interés, faltas graves a la probidad administrativa, irregularidad en licitaciones públicas, entre otros. Además, hay más de 7 acciones judiciales presentadas ante Tribunales del Trabajo y Cortes de Apelaciones por eventual vulneración por discriminación arbitraria, integridad física y psíquica, así como despidos arbitrarios.
